En estos momentos España se encuentra al borde del segundo rescate, el rescate total. La razón del rescate no es salvar a España de la quiebra, sino evitar la ruina de los banqueros y los inversores de estas entidades. En realidad, desde hace bastante tiempo, todos nuestros bancos (sin hacer distinción entre bancos y cajas) están en quiebra, son insolventes. Curiosa e interesadamente, aquí nada es inocente, esto no sale ni se discute en los grandes medios, pero nuestro sistema financiero no recibe financiación en los mercados secundarios. Ningún banco o inversor quiere prestar a los bancos españoles, también, es verdad que ellos tienen sus propios problemas de solvencia. Nuestros bancos dependen enteramente del dinero que reciben del BCE.



Las cajas han estado en el centro de atención – es cierto que por méritos propios – pero, también, por otra razón muy importante. La razón fundamental es ideológica e interesada. Este interés tiene que ver con los cuantiosos beneficios pecuniarios que reportarán a las élites la privatización a costa de los contribuyentes del patrimonio común que son las cajas. Una parte muy importante de la riqueza nacional que, nuevamente, será sustraída o, como dicen,  ‘privatizada’. Las cajas son entidades que no han sido gestionadas como un bien público – destinadas al bien común, al interés general o al desarrollo económico a largo plazo – sino como fuentes de financiación y promoción de distintos intereses y ambiciones privadas. Ha habido una colosal malversación de dinero público y han sido un foco más de corrupción generalizada, por tanto, lo que tiene que haber son gravísimas consecuencias legales, pero la entrega de unas entidades públicas a las mismas personas que han hecho un uso fraudulento de ellas es una locura.




Los bancos, misteriosamente, han salido indemnes del debate público y publicado – medios de comunicación y ambientes políticos – por supuesto, no del debate que se ha producido en calles, casas, bares y plazas españolas. Esto no es inocente. Nuevamente, por cuestiones ideológicas, se ha ocultado la verdadera situación de los bancos, poniendo el foco en el objetivo más codiciado por financieros y grandes fortunas: las cajas, el último escollo para cumplir el sueño de la apropiación o ‘privatización’ absoluta del dinero, concentrando el sistema financiero español en muy pocas y poderosas manos con las consecuencias desastrosas para la sociedad de la formación de un nuevo monopolio privado.



Los planes de ayuda – eufemismo muy utilizado por la prensa – a España u otros países no son tales. En realidad, son planes de salvamento – con dinero público – a multimillonarios. Los actuales dirigentes europeos no tienen ningún interés en solucionar la supuesta crisis. No están gobernando en pos del interés general, sino que, están salvaguardando los intereses privados de grandes fortunas y empresas a las que sirven. Esto no es muy difícil de ver cuando muchos de ellos vienen de la banca o vuelven a ella: Monti, Papademos, Draghi, Solbes, Rato o De Guindos, entre muchos otros. Ellos ocultan que la crisis financiera tiene fácil solución. Tan solo tenemos que aplicar las mismas leyes económicas que se aplican diariamente a las personas comunes, a los autónomos o a las pequeñas empresas. La misma solución que publicita la retórica neoliberal que se jacta del peligro del ‘moral hazard’ o riesgo moral,  que nos dice que las personas – parece ser que sólo las humildes – deben enfrentarse totalmente a las consecuencias de sus malas acciones. Por tanto, por un simple principio de simetría y justicia universal, los bancos y grandes empresas deben afrontar ante la justicia las consecuencias de las acciones delictivas e inmorales que han llevado a cabo.



Los bancos con problemas no deben ser salvados, deben ser liquidados. Y, esto se puede hacer fácilmente. Hay medios para ello y no resultaría en ningún cataclismo. No debemos dejarnos arrastrar por el miedo ni por el determinismo de los teóricos neoliberales, que está basado en una evasión interesada de la realidad. Disponemos de 700.000 millones de euros – 400.000 millones pertenecientes a los accionistas, es decir los dueños de los bancos y 300.000 millones de los inversores – que deben servir para sanear el sistema financiero y dar fin a estas ‘entidades zombies’,que impiden la reactivación del crédito, la normalización de los precios de la vivienda y nos mantienen en la depresión. El dinero que llegó a España durante la última década no era para invertir a largo plazo, era para especular en el mercado inmobiliario y sacar jugosos beneficios, mientras, cientos de miles de españoles no podían acceder a una vivienda o tuvieron que endeudarse por ella de por vida, convertidos, ahora, como se quiere hacer con España en esclavos de la deuda.

 

Por tanto, no hay que coger el dinero de los contribuyentes, sino el de propietarios de bancos, grandes empresas y sus inversores. El dinero de estos especuladores que inflaron artificialmente los precios creando una demanda especulativa que expulsaba del mercado a la demanda real. Lo que ahora quieren estos bancos e inversores es que les rescatemos de sus apuestas fallidas. Durante la burbuja fueron ellos los que avivaron la propaganda desde medios de comunicación, resortes del poder político, servicios de estudios financieros, expertos a sueldo, tasadoras, agencias de calificación, etc. invitando a los ciudadanos comunes a participar en la estafa, porque, según ellos, los precios nunca bajan, saltándose toda la historia y la teoría económica plagada de cientos de burbujas financieras e inmobiliarias como la española. Y, fueron los grandes patrimonios y empresas – como muestran los datos – quienes jugaron más fuerte a la especulación inmobiliaria y financiera –. A ellos pertenece la mayor parte de la deuda: el 40% de la deuda pertenece al 10% más rico de la población y el 95% de la deuda empresarial corresponde a las grandes empresas. Esto se oculta porque ellos son quienes nos gobiernan. Ahora, quieren que les paguemos su fiesta.