En estos momentos España se encuentra al borde del segundo rescate, el rescate total. La razón del rescate no es salvar a España de la quiebra, sino evitar la ruina de los banqueros y los inversores de estas entidades. En realidad, desde hace bastante tiempo, todos nuestros bancos (sin hacer distinción entre bancos y cajas) están en quiebra, son insolventes. Curiosa e interesadamente, aquí nada es inocente, esto no sale ni se discute en los grandes medios, pero nuestro sistema financiero no recibe financiación en los mercados secundarios. Ningún banco o inversor quiere prestar a los bancos españoles, también, es verdad que ellos tienen sus propios problemas de solvencia. Nuestros bancos dependen enteramente del dinero que reciben del BCE.



Las cajas han estado en el centro de atención – es cierto que por méritos propios – pero, también, por otra razón muy importante. La razón fundamental es ideológica e interesada. Este interés tiene que ver con los cuantiosos beneficios pecuniarios que reportarán a las élites la privatización a costa de los contribuyentes del patrimonio común que son las cajas. Una parte muy importante de la riqueza nacional que, nuevamente, será sustraída o, como dicen,  ‘privatizada’. Las cajas son entidades que no han sido gestionadas como un bien público – destinadas al bien común, al interés general o al desarrollo económico a largo plazo – sino como fuentes de financiación y promoción de distintos intereses y ambiciones privadas. Ha habido una colosal malversación de dinero público y han sido un foco más de corrupción generalizada, por tanto, lo que tiene que haber son gravísimas consecuencias legales, pero la entrega de unas entidades públicas a las mismas personas que han hecho un uso fraudulento de ellas es una locura.